Estamos ante la mayor subida del IRPF (Impuesto de la Renta de las personas físicas) de la historia de España, que nos convierte en el tercer país con mayor presión fiscal de la Unión Europea. Los grandes perjudicados nuevamente las clases medias, que ante la subida de los impuestos no les quedará otra, al menos a corto plazo, que reducir su consumo y su ahorro privado, lo que originará la irremediable agonía de nuestra economía pues volverán las cifras de decrecimiento económico. Una nueva depresión económica nos conduciría a toda prisa e irremediablemente sin escalas, hacia el «tercer mundo». Todo es cuestión de tiempo. Si la economía no llega a reactivarse en los próximos cinco años, la economía española retrocederá en el ránking de los países más desarrollados y será arrollado por los países emergentes.

Se han reducido de forma timorata las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal, solo un 20%. Buena parte de los españoles habrían querido que empiecen con reformas que permitan adelgazar el Estado Autonómico. Son necesarias además muchas otras, como la reforma de la educación, la de la justicia, la Ley electoral, la sanidad, etc. Esperemos que al menos se planteen soluciones para hacer frente al grave problema financiero de endeudamiento público y privado, pues la medida de elevar la presión fiscal sobre el ahorro incluso agrava aún más el problema de la falta de crédito. Uno de los elementos imprescindibles para generar liquidez es aumentar nuestro ahorro privado, no solo el público.

Los economistas liberales sabemos que la base de la economía productiva está en el ahorro, por lo que no se debe atacar esta variable clave para nuestra economía aumentando impuestos, es decir, no debemos gravar más aún las rentas salariales, ni las rentas del capital (rendimientos de productos financieros, plusvalías por venta de acciones o vivienda o seguros de vida, etc.), puesto que con ello se corre el riesgo de empeorar nuestros problemas de liquidez. Otro elemento clave para resolver el problema de la liquidez de nuestra economía está en nuestro propio sistema bancario, es aquí donde hace falta una reforma profunda de su actividad. Además, mientras no se obligue a las entidades bancarias a valorar correctamente sus activos y a asumir pérdidas, no será posible dar fluidez al crédito, imprescindible para activar la economía productiva.

A los economistas más liberales nos produce estupor pensar que se va a seguir castigando el ahorro como ya lo hizo el Gobierno del PSOE en 2010. Porque, una subida del IVA incidiendo sobre los bienes de lujo, probablemente hubiera tenido los mismos efectos negativos sobre el consumo de estos bienes suntuarios, pero al menos no retrotraería el ahorro privado de las familias de clase media, como es previsible que ocurra con el alza del IRPF, al dejar menos renta disponible. Pero, no es solo eso, con la reforma del IRPF se desincentivará el esfuerzo por trabajar y conseguir más rentas del trabajo, y no se garantiza en absoluto además, que la recaudación fiscal vaya a aumentar, tanto porque el menor consumo restará impuestos indirectos, como porque las personas intentarán buscar vías alternativas para evadir a hacienda. Si seguimos por este camino, exprimiendo tanto la base impositiva, nos vamos a quedar sin tener de dónde recaudar y eso nos podría colocar en una situación difícil, sin apenas margen de maniobra con la política fiscal en un futuro.

Las políticas más coherentes hubieran sido ampliar las reducciones del gasto. Por ejemplo, pdríamos ahorrar una cantidad próxima a los 30.000 millones si evitamos duplicidades en las funciones de organismos y administraciones públicas, pero claro, ello implica entrar en una reforma de calado con el fin de adelgazar el Estado Autonómico y las Administraciones Públicas que el partido popular parece que intenta evitar.

A estas alturas, aún considerando que el déficit se haya disparado al 8%, algunos economistas vemos que esta intervención estatalista y coercitiva del nuevo gobierno, no ha sido una política acertada. Conste que no echamos la culpa del elevado déficit al gobierno del PP, todos sabemos que los culpables últimos de la situación actual son los anteriores gobernantes del PSOE, pero no nos creemos que el nuevo gobierno del PP no supiera el estado de las cuentas públicas antes de las elecciones. Muchos también nos preguntamos si todo vale con tal de poder continuar en el euro, incluso la ruina económica de España. Dudo que a España le hubieran impuesto finalmente el aumento de impuestos, como sugiere el Ministro de Economía; porque además, nada está garantizado después de tomar estas medidas y, porque con dichas medidas no le será posible ganar competitividad a la economía española, que es el tema de fondo que subyace en esta grave crisis y que lamentablemente será difícil conseguir que nuestras empresas sean más productivas. En cualquier caso serían medidas estructurales de largo plazo. Pero, la urgencia es a corto plazo, y, hasta donde sabemos, solo es posible ganar competitividad con correcciones del tipo de cambio. Quizás, si no estuviéramos encorsetados como lo estamos en el euro y, si dispusiéramos de una moneda propia, el tipo de cambio actuaría como mecanismo corrector de nuestros desequilibrios, porque una cosa es que sea el propio mercado quien se encargue de corregirlos y, otra muy distinta, que sea un gobierno fiscalizador —del signo que sea— el que decidida arbitrariamente y en nuestro nombre, a quién hay que reducir sus salarios y a quién no, y, cuál es la medida económica más oportuna que conseguirá acertar en dicha corrección de los desequilibrios.

De qué vale además, que un gobierno incentive a punta de subvenciones la compra de vivienda, si por otro lado eleva el Impuesto sobre bienes Inmuebles (IBI); que nos lo expliquen. En ningún caso debería ser un argumento el buscar favorecer a los ayuntamientos, que en muchos casos han dilapidado el dinero de los ciudadanos. Al menos deberían anunciar que ese aumento del IBI sirviera para pagar en primer lugar a los proveedores, y, en segundo lugar, lo que habría que pedir son responsabilidades, incluso penales, a todos aquellos responsables políticos que han hecho un mal uso del dinero público. ¿Para qué tenemos sino el Tribunal de Cuentas? Lo que realmente necesitamos son leyes fiscalizadoras de los excesos de los políticos y, para nuestras entidades locales «buenos gestores», verdaderos administradores de la ciudad, no políticos manirrotos.

De qué sirve que un gobierno castigue congelando el salario de los funcionarios, si no se acompaña con una reforma de la Función Pública que impida que se sigan colando funcionarios sin oposición, o que se les coloque a dedo. De que sirve hablar de flexibilidad laboral, y de no reposición de funcionarios (amortizando plazas), si incluso la propia Administración no garantiza la flexibilidad que permita trasladar a los funcionarios entre departamentos o entre distintas Administraciones Públicas. No solo hace falta una reforma laboral, también es preciso una reforma de nuestras Administraciones Públicas, pero sobre todo, es necesario abandonar las políticas coercitivas y las subvenciones que lo que hacen es distorsionar las reglas del mercado y, apostar por medidas liberalizadoras que den una mayor importancia al sector privado de nuestra economía.

En épocas de abundancia de liquidez internacional y bajos tipos de interés, ante la falta de ahorro de nuestra economía (bajo ahorro privado), los bancos, con el propósito de conseguir maximizar sus beneficios se vieron tentados a obtener la mayor cantidad de dinero o liquidez. Incluso, sin ninguna precaución y a pesar de lo que ocurría en los EE.UU. los bancos continuaron endeudándose para colocar créditos a sus clientes.

Cuando la crisis financiera toca de lleno a la economía española, los bancos ya no pueden seguir con su política crediticia y la liquidez del sistema desaparece. La crisis llega a las empresas y esa falta de liquidez estrangula a nuestra economía, todo ello acompañado de una burbuja inmobiliaria y financiera que se había ido formando gracias a una política monetaria expansiva y a unos bajos tipos de interés, que estalló y extendió la crisis al resto de la economía, elevando la morosidad y los problemas de muchas empresas, sobre todo aquellas relacionadas con la construcción y a particulares que se quedaron sin empleo.

Para tratar de cubrirse y asegurar su solvencia, los bancos empezaron a cuidarse de la exposición al riesgo de insolvencia de las empresas, restringiendo el crédito bancario; además, porque los bancos tenían que empezar a devolver sus propias deudas que habían contraído con en los mercados de dinero extranjeros. La posición deudora de los bancos respecto al exterior por el endeudamiento a gran escala que acometieron y la mala situación del país impidió su refinanciación en condiciones normales, teniendo que pagar cada vez más intereses si querían hacerse con el dinero, lo que terminó por apalancar a los bancos que tenían que conseguir recursos para refinanciar sus propias deudas con los proveedores de dinero, y, con un mercado interno que iba cada día a menos, con empresas muy tocadas por la crisis,  con unas exigencias de recapitalización impulsadas por algunos responsables económicos e Instituciones Internacionales, los bancos no tuvieron más remedio que lanzarse a buscar capital para garantizar su solvencia.

La capitalización de muchos bancos  se hizo en buena parte mediante recursos de particulares y el sector se lanzó a comercializar la llamadas «participaciones preferentes». A finales de 2008 más de 20 bancos y cajas emitieron más de 12.000 millones de euros en participaciones preferentes que colocaron entre sus clientes, con unas rentabilidades que llegaban al 8% anual y con la “garantía” de que el banco no tendría problemas para devolver el nominal de la inversión al cliente, pues encontraría entre sus propios clientes nuevos compradores de dichas participaciones. Lo cierto es que algunos bancos a día de hoy ya no garantizan la devolución de las aportaciones y los clientes ya no pueden rescatar su aportación inicial, porque los bancos establecieron cláusulas donde no están obligados a la devolución de la inversión, dado que estos activos al ser perpetuos no tenían fecha de amortización.

Lo cierto es que estas participaciones preferentes se hubieran podido vender en el mercado de valores secundario, también conocido como de negociación, que es donde se negocian títulos y valores de reventa, tal vez los clientes no habrían tenido este problema, aunque con toda probabilidad hubieran perdido parte de su aportación inicial, probablemente un 40%, pues las últimas operaciones de preferentes, muchas de estas cotizaron un 40% por debajo del precio al que se lanzaron. Lo que no se entiende es que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no hayan hecho nada para impedir este tipo de operaciones.

La venta de las participaciones preferentes, así como de otros productos sofisticados y de elevado riesgo para el contratante, generalmente con escasa cultura financiera; la forma de comercialización de las preferentes, en algunos casos se llegaron a comercializar como si fueran depósitos, han conseguido que actualmente 480.000 clientes de bancos y cajas, estén atrapados en este producto con una inversión media que ronda los 25.000 euros.

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Es precisamente a partir de esa necesidad de recabar toda la información importante para tener ventajas sobre el enemigo, cuando los servicios de inteligencia consideraron la posibilidad de actuar igualmente en el campo de la economía, utilizando lo que actualmente se conoce como la «economía de guerra» se trataba de cortar o dañar las fuentes de financiación del enemigo, y con ese fin se establecen sanciones, se obstaculiza el crédito, se intenta influir sobre la cotización de su moneda, incluso se llega a introducir moneda falsa, o corromper a sus líderes. Sin embargo, solo cuando los servicios de Inteligencia se utilizan para mejorar la propia economía y los negocios, solo cuando se orientan hacia la búsqueda del beneficio, es cuando empieza el verdadero desarrollo de lo que hoy conocemos como Inteligencia Económica.

La Inteligencia Económica se convierte en el punto de partida del desarrollo de una serie de otras técnicas, como la Inteligencia Competitiva, orientada más bien a obtener ventajas competitivas y cuyo objetivo principal consiste en la anticipación estratégica. Se trataría pues, de identificar con suficiente antelación las posibles amenazas y oportunidades “presentes y futuras” a una empresa, institución, región, o nación, que le permitieran desarrollar una serie de planes estratégicos con el fin de alcanzar objetivos orientados a mejorar su competitividad.

La planificación económica y competitiva no es posible sin información y sin conocimiento. Por lo que hay que encontrar, seleccionar, y analizar la información relevante, para poderla aprovechar y tomar decisiones estratégicas, identificando las amenazas y las oportunidades con el fin de anticiparse a la competencia para conseguir mejorar la competitividad de la empresa y obtener ventajas de mercado. Se trataría de tener una «visión estratégica del entorno» con la antelación suficiente como para que, una empresa, organización, región o nación, pueda trazar y ejecutar planes que le sitúen por delante de sus competidores.

En la planificación económica y competitiva la clave está en involucrar a todos los agentes económicos y sociales, así como a Instituciones públicas y privadas, desde las Administraciones Públicas, Cámaras de Comercio, Instituciones Educativas, etc. Se trata de promover un modo de actuar y pensar en toda la sociedad, una auténtica política nacional que resalte la importancia estratégica de la competitividad, del estar siempre por delante, tecnológicamente, en el conocimiento, la innovación, el análisis de la información, etc. Hace no mucho fue Japón quien desarrolló un Sistema de Inteligencia Competitiva Nacional, que le permitió copiar todas las tecnologías de los países más exitosos, pero con una visión de conjunto de toda la sociedad. Gracias a ello Japón se convirtió en una potencia mundial. Sin embargo, el proceso no resulta sencillo y no se trata solo de voluntad, sino más bien de cambios estructurales que van desde cambiar el sistema de creación de oferta educativa, hasta cambios en la forma de entender la propia economía y la empresa. Haría falta una verdadera reforma, una reforma estratégica en profundidad sobre cómo queremos que esté diseñada nuestra sociedad en el futuro.

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Los cambios económicos que se vienen produciendo en todo el mundo han llevado a algunos países a atravesar un período de incertidumbre y de grandes transformaciones sociales. Muchos de estos cambios tienen mucho que ver con la gestión de sus recursos humanos. Sin embargo, una política correcta sobre los Recursos Humanos se enfrenta con frecuencia grandes obstáculos y resistencias. Los cambios no son fáciles y las empresas deben hacer frente con éxito al cambio para conseguir ser más eficientes y competitivos, sin que ello implique que sea una prioridad el ahorro de costes de personal. Se trata de plantear políticas que garanticen el desarrollo futuro de las empresas favoreciendo fundamentalmente la eficacia en el trabajo.

La necesidad de mejorar la productividad es algo de lo que se habla constantemente, pero no es algo que pueden solucionar únicamente las empresas, es una labor de toda la sociedad en su conjunto y de nuestros responsables políticos, que deben tomar consciencia de los cambios que son necesarios para conseguir no solo ser más productivos, sino también más competitivos en este mundo global. La cultura de la subvención es un elemento desequilibrante, la sobreprotección del hiperestado solo ha conseguido acabar con el talento y la motivación necesarios para ser competitivos. Hoy más que nunca es preciso revisar el modelo de sociedad en el que queremos vivir, eso siempre que no queramos perder el protagonismo económico que nos corresponde.

No es positivo dejar que el Estado intervenga como lo está haciendo en todos los ámbitos de nuestra vida. En la formación, por ejemplo, es importante incentivar el talento desde niños, en la misma escuela y continuar hasta la universidad y posteriormente dejar el relevo a la empresa. Tenemos que empezar por reconocer las habilidades y competencias individuales de todos las personas, para que en el futuro unos puedan llegar a los puestos más adecuados en relación a su formación y habilidades, y otros a liderar con verdadero espíritu empresarial las organizaciones económicas. En la empresa tan importante debería ser la formación del personal y de los directivos, como el reconocimiento y desarrollo del talento.

Una buena organización tiene que diseñar estrategias que le permitan la adaptación de los nuevos trabajadores a su grupo de trabajo y, por tanto, a la cultura de la organización. Redefinir muchas de las funciones por competencias y considerar que el trabajo que desarrollan se ajusta al potencial del trabajador. Que el trabajador se sienta a gusto en su puesto, que se sienta reconocido y que su trabajo constituya el elemento motivador, sin olvidar una adecuada política de retribución salarial. Estas son las claves para conseguir mejorar nuestra competitividad: políticas de retribución, políticas de formación, evaluación de los puestos de trabajo, motivación del trabajador y comunicación.

En los siguientes vídeos analizamos «La retribución del talento» empezando con la entrevista a Dña Ana Solanas Castillo, Directora Senior de Recursos Humanos, Compensación y Gestión del Talento, Europa y Asia Pacífico. Esta responsable de Recursos Humanos de la Empresa: EXIDE TECHNOLOGIES (Europa/Asia Pacífico), que tiene filiales en 24 países y cuyo capital humano está formado por más de de 26.000 trabajadores. Si usted es directivo de Recursos Humanos o empresario, no debería perderse este programa de debate, y la entrevista a Dña Ana Solanas, que también es presidenta y fundadora de Directivas de Aragón.

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Según los sindicatos, los principales partidos políticos han puesto en el punto de mira de la ciudadanía a todos los funcionarios de carrera, y todo con el fin de tapar su propia incompetencia. Mientras tanto, los distintos gobiernos autonómicos han creado diversas empresas públicas para colocar a “su personal”, lo que ha originado que la ciudadanía no distinga entre “tirios y troyanos”, es decir entre los verdaderos funcionarios y los contratados políticos que se han multiplicado como la espuma. Los funcionarios de verdad, aquellos que con esfuerzo ganaron sus oposiciones, empiezan a estar más que hartos de la cara dura de los políticos. Unos políticos que exigen sacrificios pero que incumplen con sus propias promesas, por ejemplo, la de acabar con la gran cantidad de empresas públicas que ellos mismos crearon y que se han convertido en un lastre para nuestra economía y en una agencia de colocación para sus amiguetes.

La estigmatización de los funcionarios como los culpables del problema de la crisis, les ha llevado a plantearse si los políticos quieren volver a las cesantías, o al menos tener a una parte de su personal al servicio del poder fáctico. En la práctica los funcionarios a diferencia del personal contratado a dedo, solo cumplen con su función de servicio público. Ser funcionario “tampoco es un privilegio” como parece, requiere mucho esfuerzo y dedicación y, en muchos casos años de preparación previa para poder acceder al puesto. Los funcionarios de carrera además de estar muy mal retribuidos, por ley se les impide realizar otra tipo de actividad remunerada, con lo que sus rentas salariales no se pueden complementar. Además las Administraciones Públicas no tienen una política de recursos humanos adecuada y moderna que favorezca y motive a estos trabajadores.

En esta serie de vídeos se da a conocer muy de cerca los problemas del funcionariado, pero además, se hablan de otros temas relacionados con la función pública, como la eficiencia del sector público, o sobre qué piensan los sindicatos de las propuestas de los principales candidatos para estas próximas elecciones. El debate resultó enriquecedor, al contar con la presencia del único partido que ha sabido explicar en qué consiste eso de la capitalización de las prestaciones por desempleo que el Candidato a la presidencia de gobierno del PP, Mariano Rajoy no supo explicar, quizás porque no se veía capaz de defenderlo frente al desfasado candidato socialista: Pérez Rubalcaba. Un debate, que a tenor de lo que manifestaron los invitados del programa “La vía de la libertad” resultó innecesario, pues no se trataron los temas con la profundidad que se merecen, y donde no se habló cómo piensan acometer los problemas de la función pública y del funcionariado. El candidato del p-Lib además advirtió que los partidos políticos han cometido un atentado contra la pluralidad política, con la reforma recientemente aprobada de la Ley Electoral, que ha pasado casi desapercibida porque los partidos políticos parlamentarios no han querido darlo a conoce, ya que ellos mismos son los partícipes de semejante despropósito que restringe nuestras libertades fundamentales. Los ciudadanos lo comprobarán el próximo 20 de noviembre cuando se acerquen a votar y ya no cuenten con las distintas alternativas que garantizaban nuestro derecho a poder elegir y ser elegibles.

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Nuestros responsables políticos no deben darse el lujo de abandonar a su suerte a nuestros jóvenes con talento, o lo que es peor aún, aniquilar su capacidad creadora, porque para que nuestra sociedad prospere y sea pionera en innovación en todos los campos de la ciencia, arte y la tecnología, es necesario identificar y preparar convenientemente desde su infancia a los mejores talentos. También es importantísimo apoyar a nuestros emprendedores, pues son los únicos que a través de su esfuerzo y motivación serán capaces de crear nuevas empresas innovadoras. Si nuestros responsables políticos neutralizan la actividad empresarial, si se desprecia el espíritu creativo con políticas educativas que favorecen la mediocridad y desprecian el talento, si se maltrata a los empresarios asfixiándolos con cada vez más impuestos, si nuestras expectativas de desarrollo humano son prisioneras del sistema funcionarial, dicha sociedad estará lamentablemente estará condenada al fracaso.

El mundo ya no es lo que era, y nosotros ya no estamos para experimentos propios de regímenes intervencionistas que buscan el control ideológico. Hay un cambio en el paradigma económico y habrá que adaptarse a dicho cambio, eso si lo que se quiere es permanecer dentro de los países más prósperos y desarrollados. Para conseguirlo es preciso potenciar el espíritu emprendedor, permitir que nuestros niños y jóvenes desarrollen sus verdaderas capacidades y refuercen su talento, en vez de anularlos como hasta ahora se está haciendo. Lamentablemente el sistema público que hemos creado en nuestro país, en vez de estimular el espíritu creativo de nuestros hijos, lo desperdicia. En un modelo económico donde su mayor protagonista es el Estado sobreprotector, tarde o temprano desincentiva el esfuerzo y lanza un mensaje equivocado a la sociedad, anulando su capacidad de acción.

Mucha culpa de esa inacción corresponden a nuestros políticos mediocres, que no piensan en políticas de largo plazo sino más bien en su propio beneficio; pero también es culpa de nuestra propia sociedad embrutecida por lo superfluo, una sociedad que se deja llevar por líderes políticos sin escrúpulos y que solo mira hacia su propio bienestar. Una sociedad así, donde sus miembros no piensan ni razonan por sí mismos, una sociedad de egoístas que solo piensa en pasárselo bien y en vivir el presente, en una sociedad de este tipo, las consecuencias de sus acciones sobre su propio futuro y/o el de sus hijos no son nada halagüeñas.

Y es que lamentablemente no es posible contar con buena parte de la sociedad, incapaces de pensar por sí mismos. Pero, sí del resto de ciudadanos que deberían estar más comprometidos en cambiar las cosas. No, no tienen excusas y, está en cada uno de nosotros el aportar nuestro granito de arena, aportando nuestra pequeña parcela de influencia. Ha llegado la hora de participar en política, no podemos dejar la misma en manos de unos inútiles, porque nos afecta y porque está en juego nuestro propio bienestar. No es necesario ni tan siquiera pertenecer a ningún partido político, lo único que hay que hacer es apostar por la libertad con todas nuestras fuerzas y oponernos a todas aquellas medidas que coartan la misma.

En esta oportunidad en el programa «La vía de la liberatad» hemos querido tratar el tema de la vocación de los emprendedores y para ello hemos invitado a un verdadero Entrenador de Emprendedores D. Francisco Martínez, Psicólogo por la Universidad de Birchan, Master en Psicología Clínica y de la Salud, así como en Terapia Psicosomática y Liderazgo Ejecutivo. Igualmente estuvo invitada a nuestra mesa de debate, una joven emprendedora, Dña María Sasot, que se ha lanzado a crear una empresa en tiempos de crisis, y cuyo servicio que ofrece es la Consultaría de Comunicación Corporativa, a quien desde ya le deseo muchos éxitos en su futuro.

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Las empresas que buscan nuevas oportunidades en el mercado exterior, necesitan el apoyo institucional y de empresas especializadas con el fin de evitar que fracasen en su aventura. La internacionalización puede resultar complicada si se desconoce cómo funcionan los mercados en el exterior, por ejemplo, en lo relativo a las normativas y las propias costumbres del país. Los estudios de mercado, los planes de Marketing, la adaptación de la marca, etc. Probablemente a algunos empresarios todo esto les suena a chino, o bien, no le conceden el valor o importancia que se merece, incluso cuando hablan del marketing, hay quienes no tienen estrategias de ningún tipo y piensan solo que el marketing es hacer publicidad o un buen catálogo, tener una página web y poco más. Así las cosas, las empresas que requieren salir al exterior necesitarán perfeccionar sus técnicas de comunicación y sus planes de marketing con el fin de darse a conocer, investigar los posibles destinos de sus productos y, averiguar la labor de la competencia.

Los empresarios tienen la última palabra, pero cuanto antes se adapten mejor para todos. Pensar que porque no tuvieran problemas cuando la economía funcionaba, o que los mercados del resto del mundo pueden ser muy parecidos al mercado interior europeo, es estar en un error. Cuando se trata de llevar los productos fuera del ámbito comunitario la cosa cambia, se hace más compleja, aparecen nuevas barreras. Lamentablemente, la falta de tradición exportadora de nuestras empresas las coloca en desventaja, por lo que habrá que realizar un gran esfuerzo previo de comunicación antes de dar el paso, afortunadamente hay personas, empresas, e instituciones, que le ayudarán a internacionalizar su empresa, a añadirle valor, permitiéndoles no solo salir de la crisis: incluso ampliar sus expectativas.

A continuación, con los siguientes cuatro vídeos (de 15 minutos) del programa «La vía de la libertad» esperamos haber aportado algo más de conocimientos sobre el tema. Para tratar la «Necesaria internacionalización de nuestras empresas» acompañan al Director del programa y profesor Titular de la Universidad de Zaragoza D. Gunther Zevallos, postgraduado en Ingeniería de la Organización Industrial, Master en Economía Austriaca, los siguientes invitados: D. Javier Andonegui, Economista, MBA ICADE, Jefe del servicio de Promoción Exterior de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza; Dña. Carmen Urbano, Licenciada en Derecho, Export Manager y conocida Consultor Internacional especializada en la Prospección de Mercados y el Marketing Internacional; además de los contertulios: Dña. Johanna Hernández, Economista especialista en Social Media Marketing y Posicionamiento Web; D. José Antonio Visús Apellániz, Abogado, Director de Ilex Abogados, Director de la revista Ley Actual.

Este próximo miércoles a las 21:00h en el programa «La vía de la libertad» de canal 44 trataremos el tema: «De vocación emprendedor».

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En esta ocasión hemos querido dar a conocer cómo se planifica y organiza la prevención de riesgos laborales de un sector muy importante del funcionariado: aquellos que se dedican a salvaguardar la seguridad ciudadana, es decir, de nuestra policía. Además, lo hacemos en un momento clave desde el punto de vista de la seguridad en la ciudad de Zaragoza: próximos a las festividades del Pilar. Para ello hemos podido contar, tanto con representantes del Cuerpo Nacional de Policía, como con los de la Policía Local de Zaragoza. Quizás porque en este período de tiempo se realizan más intervenciones y, por tanto, los riesgos laborales de estos funcionarios sean mayores. No nos olvidamos tampoco de la seguridad de los propios ciudadanos, pues igualmente en estas fechas, pueden estar más expuestos a situaciones de peligro.

El impecable trabajo que realiza nuestra policía supone la asunción de muchos riesgos, riesgos que guardan relación con la propia actividad que realizan (explosión, incendio, accidentes de tráfico, mordeduras, contagio enfermedades, exposición agentes biológicos, radiológicos, intoxicación contaminante, heridas por arma de fuego, etc.), y otros en relación a la propia organización y a los medios de los que disponen, aunque estos últimos podrían también afectar al desempeño de sus propias funciones.

Para hablar de todos estos temas y de la situación actual de su Plan de Prevención de Riesgos Laborales, hemos querido contar con dos representantes sindicales de estos trabajadores: Uno de los sindicatos a quienes hemos invitado a “La vía de la libertad” de canal44 es la Confederación Española de Policía (CEP),  representado por el Oficial de Policía y Secretario Regional, D. Carlos Baquerizo Castán. Igualmente, hemos podido contar con la presencia el Oficial de la Policía local de Zaragoza y Delegado de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato C-SIF, D. Domingo Fernández Sepúlveda.

Nuestra premisa inicial es: que si bien es necesario recortar gastos, estos no pueden hacerse a costa de elevar los riesgos de estos trabajadores dedicados a la seguridad ciudadana, porque estos pueden repercutir igualmente en nosotros mismos, los ciudadanos. La dotación de medios, infraestructuras, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, juegan un papel fundamental y de ello depende, aunque no lo parezca, nuestra propia seguridad.

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La Constitución Española en su artículo 51, habla de que los poderes públicos deben garantizar y proteger eficazmente los derechos de los consumidores en relación a la seguridad, la salud, y los legítimos intereses económicos de los mismos. En tal sentido se aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios, Ley 26/84 de 19 de julio (hoy derogada), donde ya se refería a la posibilidad de establecer un sistema arbitral de carácter voluntario, pero vinculante para las partes interesadas con el fin de resolver las reclamaciones de los consumidores y usuarios, probablemente como consecuencia también de aquel envenenamiento de miles de españoles con el aceite de colza desnaturalizado, y de las consecuencias del llamado síndrome tóxico. Así, las autoridades políticas del momento consideraron la necesidad de que aquellas Administraciones Públicas más próximas al ciudadano, como son los Ayuntamientos, fueran quienes pusieran en marcha las Juntas Arbitrales de Consumo.

De esta manera se establece la creación del Sistema Arbitral de Consumo, que es el arbitraje institucional para la resolución extrajudicial de los conflictos surgidos entre las empresas o profesionales y los consumidores o usuarios. El arbitraje actualmente se rige por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre y, por el Real Decreto 231/2008. Este Real Decreto regula el arbitraje de consumo colectivo y el de comercio electrónico, y, en lo no previsto recurre a la Ley 11/2007 de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Una de las características del sistema de arbitraje es que no hace falta la intervención de abogado ni procurador, ni tan siquiera se realiza en los juzgados. Además no supone ningún coste para el consumidor ni la empresa, salvo su tiempo claro está, o en algunas pocas ocasiones: cuando se solicitan pruebas periciales. Gracias al sistema arbitral el consumidor de un modo sencillo y rápido puede hacer valer sus derechos en igualdad de condiciones con las empresas. No obstante, son las empresas las que están cada vez más interesadas en participar, pues el pertenecer al sistema arbitral de consumo no solo refuerza la imagen de marca de la empresa adherida, sino que también mejora la confianza y reputación de la propia empresa de cara a los consumidores, quienes le otorgan un plus extra de calidad: “empresa socialmente responsable”.

Hay que decir además, que en el sistema de arbitraje no hay jueces lo que hay son árbitros, que son acreditados por el presidente de la Junta Arbitral de Consumo. Pero un árbitro no puede ser cualquier persona, tiene que cumplir una serie de requisitos previos: en primer lugar deben ser licenciados en derecho, principalmente profesores de la Universidad, además de otros requisitos de cualificación y honorabilidad; por lo que su independencia suele estar garantizada.

Cuando los consumidores quieren realizar una solicitud de arbitraje, esta se debe formalizar personalmente o a través de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domicilio del consumidor, ya sea por escrito o por medios electrónicos, siempre que se garantice su autenticidad. En Zaragoza existen dos Juntas Arbitrales de Consumo donde se pueden dirigir dichas solicitudes: la del Ayuntamiento de Zaragoza y la del Gobierno de Aragón. No obstante, no todas las empresas están adheridas, ni las que están adheridas necesariamente lo están en ambas Juntas Arbitrales, por lo que es recomendable que el consumidor en caso de que quiera presentar su solicitud de reclamación se dirija preferentemente a aquella Junta Arbitral en donde esté adherida la empresa a la que se le está reclamando. En caso de que dicha empresa no figure en las listas de empresas adheridas, igualmente se puede presentar la solicitud, en este caso la Junta Arbitral trasladará una petición de arbitraje a la empresa, que puede aceptar o rechazar, lo que no implica que en caso de aceptación ya quede adherida sine díe, sino únicamente significa que ha aceptado el arbitraje de un modo puntual.

Muchas veces los consumidores desisten de iniciar acciones en defensa de sus legítimos derechos por desconocimiento de la existencia del Sistema Arbitral de Consumo, o porque creen que no vale la pena protestar ante el poder de las grandes empresas, además de lo que podría costar el ejercitar una acción judicial. No obstante, con un sistema arbitral no hacen falta pleitos, sino buenos arreglos, conciliación y en buena medida fallos justos, que son además vinculantes. Hay que añadir que, un buen empresario no solo es aquel que solo busca vender su producto o servicio, sino también aquel que busca soluciones justas ante los posibles conflictos con los consumidores. Una gran inversión para fabricar y publicitar un producto hoy en día puede ser un gran desastre si la empresa traslada un mensaje negativo de la empresa, y no solo del producto. Por esta razón las empresas que cuidan su reputación, son aquellas que suelen sobrevivir en el mercado, un mercado cada vez más competitivo y exigente. Hoy además, en la era de la información los mensajes negativos, tanto sobre un producto, como sobre la actitud de una empresa (sobre todo si no pueden ser rebatidos), pueden acabar con millones de euros de pérdidas en campañas publicitarias y/o llegar incluso a arruinar a las empresas.

Somos muchos los que creemos que la resolución de muchos conflictos ya no solo en consumo, sino de todo tipo, se resolverían más satisfactoriamente por la vía arbitral que recurriendo a la vía judicial. Somos muchos igualmente los que pensamos que, cuando la Ley favorece a alguna de las partes no solo genera indefensión, también conflictividad, por lo que además de un sistema arbitral hace falta una buena legislación, pero sobre todo también “buenos legisladores”. Si desea saber cómo funciona y cómo está organizado el Sistema de Arbitraje en Consumo en España, le recomendamos que vea los vídeos del programa «La vía de la Libertad», en donde, entrevistamos al miembro del Consejo Arbitral de Consumo y Presidente de una de las Juntas Arbitrales más antiguas de España, D. Juan A Miret Nagore.

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Pero, ¿Por qué se ha utilizado un Real Decreto para activar este impuesto? Porque en caso contrario la normativa tendría necesariamente que ser debatida en el Congreso de los Diputados, y allí difícilmente saldría adelante en esta legislatura. Con un Real Decreto Ley, el gobierno tramitará la normativa por el procedimiento de urgencia, y el Congreso solo tendrá que limitarse a ratificar dicha «situación de urgencia» que ha llevado a la promulgación de la norma. El hecho está en si se puede o no justificar que los cambios introducidos en el impuesto de Patrimonio sean de urgente y trascendental necesidad, pues la normativa entraría en vigor en 2012. Quizás el gobierno haya pretendido justificar la medida en la necesidad de que aumenten los ingresos fiscales de este año, aunque eso sería una argucia contable probablemente con el fin de tapar los agujeros del déficit, pero la realidad es que el impuesto se abonará en junio de 2012. Los expertos juristas dudan de la constitucionalidad de la aplicación de este impuesto, la razón está en que existe jurisprudencia al respecto por parte del Tribunal Constitucional, dado que en situaciones similares este ha manifestado que ningún Real Decreto Ley puede regular aspectos que alteren sustancialmente el deber de contribuir. Y, como podemos comprobar este Real Decreto afecta directamente a las obligaciones fiscales de los contribuyentes, pues estos pasan de no contribuir nada, a pagar por dicho impuesto.

La nueva puesta en marcha de este impuesto ampliaría el desbarajuste fiscal existente en España, y ahondaría en esas diferencias impositivas con las que se gravan a los ciudadanos de distintas comunidades autónomas, pues los mínimos exentos en muchas comunidades son muy inferiores a los 700.000 euros aprobados por el gobierno. Desde el punto de vista económico, serán los pequeños empresarios y los profesionales de valía, quienes se verán más afectados, salvo que busquen refugio en comunidades más benévolas con los impuestos, como sería lógico. Lo que supone una más que probable deslocalizarán de empresas y personas de alta capacidad profesional y empresarial hacia las comunidades autónomas menos asfixiantes fiscalmente. Pero eso a algunos de nuestros legisladores nos les parecerá importante, como tampoco les parece importante convertir a España en los reinos de taifa. Lo que más sorprende de todo esto es que: luego de la implacable oposición a la implantación de este impuesto por parte del Partido Popular, en la votación del Congreso se abstuvo.

El Real Decreto Ley que regula el impuesto del Patrimonio introduce un cambio en el artículo 28. Así, la base imponible se reducirá, en concepto de mínimo exento, en el importe que haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma. Al mismo tiempo, el mínimo exento de los 700.000 euros solo se aplicaría en el caso de que no estuviese ya regulado por las comunidades autónomas. Lo que en la práctica significa que el mínimo exento ya no sería el que anunciaba la ministra Salgado si la comunidades autónomas no actualizan su legislación. ¿Qué supone esto? Pues simplemente que a aquellos a quienes en teoría no les iba a afectar el impuesto: clase media fundamentalmente; si tienen la mala suerte de vivir en comunidades que no ajusten su fiscalidad a la que ha planteado el gobierno, deberán de pagar mayores impuestos. Así, en Baleares o Canarias donde el mínimo exento sería 120.000 euros, Galicia donde su mínimo es 108.200 euros, y en algunas otras comunidades, sus ciudadanos se verían más afectados, salvo que sus parlamentos autonómicos se apresuren a actualizar su normativa fiscal antes de fin de año.

En resumen, habrá comunidades donde el impuesto de patrimonio podría volver a activarse, «tal como estaba antes», perjudicando no precisamente a las grandes fortunas, sino más bien a las clases medias; mientras que en otras comunidades como Madrid que tiene una bonificación del 100% mejoraría incluso la regulación estatal. Además de la injusta doble tributación que originaría el impuesto. A todo esto hay que añadir el trato desigual que el impuesto genera en los contribuyentes en función de cómo hayan decidido ahorrar su dinero, es decir: si tienen una vivienda habitual estarán exentos de 300.000 euros, si su vivienda tiene un precio menor solo se beneficiarán de lo que valga, y sobre lo que tenga ahorrado en otros activos, cuando sobrepasen los 700.000 euros, dichos ahorros serán gravados con el impuesto; con lo que dos personas con igual patrimonio podrán pagar distinta cantidad de dinero a Hacienda con este impuesto.

Está claro que, además, no pagarán en España los que más dinero generan, como anuncia el gobierno socialista, pues sus fortunas están a salvo en las sociedades patrimoniales. Quienes pagarán realmente serán aquellos cuyos ingresos provengan de las rentas del trabajo y los autónomos que hayan acumulado un conjunto de activos fruto de su trabajo, como viviendas, locales, etc., o recibidos en herencia. ¿Será quizás por eso el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba del partido en el gobierno, se ha apresurado a anunciar su compromiso de sustituir este impuesto por otro diseñado para las grandes fortunas?

El impuesto sobre el patrimonio fue uno de los temas que tratamos en el programa «La vía de la libertad» en el canal 44; programa que se emite los miércoles a las 21:00h., y que cuenta con la presencia de expertos y reconocidos invitados. Nuestro programa televisivo se inicia con la entrevista a uno de nuestros invitados y experto en la materia, posteriormente se realiza el correspondiente debate con los invitados y tertulianos, todos ellos especialistas en distintos campos de la economía y del derecho. Nuestra idea es llevar al salón de su casa las pequeñas conferencias y debates de forma muy similar a como lo hacemos en la universidad, con el fin de que el público pueda conocer con la calidad y profundidad necesarias, todos los pormenores que muchas veces pasan desapercibidos, pero que les pueden afectar y mucho. Con esto lo que pretendemos es contribuir a recuperar el debate, objetivo, responsable y crítico, que se ha ido perdiendo lamentablemente en nuestra sociedad en los últimos años.

Günther Zevallos Avilés
Analista Económico
Profesor de la Universidad de Zaragoza