España abre las puertas a la Recesión

domingo 21 de septiembre de 2008

Resumen: Siempre que se realicen reformas económicas para mejorar la capacidad productiva del país, abandonando las políticas intervencionistas de demanda, y si el escenario macroeconómico mundial es favorable, la crisis económica española podría durar de dos a tres años. El Gobierno, busca culpables de la crisis en la política económica estadounidense, y en aquellos «antipatriotas», que osan hablar de los problemas de la economía española.


La crisis económica española podría durar de dos a tres años, siempre que se realicen reformas para activar la capacidad productiva del país y el escenario macroeconómico mundial no empeore. Hay que decir, sin embargo, que el origen de la crisis económica no proviene exclusivamente del exterior como consecuencia de la elevación de los precios del petróleo y las materias primas, y menos aún, se puede trasladar toda la responsabilidad de la crisis a las hipotecas subprime y al sector financiero estadounidense. La crisis, tampoco puede estar causada por la pasada política de expansión de la liquidez emprendida por el BCE, ni su posterior restricción monetaria y elevación de los tipos de interés, después de que éstos descendieran a niveles nunca antes vistos; como tampoco se puede culpabilizar de la situación a los analistas económicos, por revelar la situación económica actual, y originar, según algunos representantes del Gobierno y algunos keynesianos acérrimos, una crisis de confianza de los consumidores y empresarios.

La crisis que amenaza convertirse en recesión es una crisis anunciada, a consecuencia de la mala planificación de la política económica y la desafortunada actuación en materia de política fiscal e impositiva, dedicada a alentar la demanda interna de la economía, aún a costa de empeorar las cifras de nuestra balanza comercial. Esta es la segunda vez que un Gobierno socialista (la primera fue con el Gobierno de Felipe González en 1993), es incapaz de equilibrar las cifras de nuestra balanza comercial, y por cuenta corriente; y probablemente, también sea la segunda vez que la economía entraría en recesión técnicamente de cumplirse todas las previsiones, siempre que no estemos ya en recesión, cuestión que se conocerá sólo cuando se revisen la cifras provisionales de la contabilidad Nacional del trimestre pasado y las del presente trimestre.

Las variables externas que hoy más afectan a la economía española son: la elevación de los precios del petróleo y materias primas, que ha terminado por perturbar la oferta global de la economía (shock de oferta), y, la crisis crediticia y financiera, que ha endurecido las posibilidades de la economía para conseguir liquidez. Sin embargo, la crisis económica española tiene sus propios fundamentos internos, es allí donde se extienden sus raíces más profundas, haciendo más vulnerable a nuestra economía y más allá de los factores anteriormente citados. Si hay que analizar cuáles son las razones de fondo por las que la economía española está atravesando la actual crisis, y el modo tan precipitado de cómo estamos entrando de lleno en la recesión económica, tendríamos que citar los siguientes motivos: la baja productividad de la economía; el elevado endeudamiento externo, originado en las crecientes necesidades de financiación de nuestra economía por el crecimiento de la demanda; el comportamiento especulativo de su sector inmobiliario y bancario, amparado en una legislación que favorece el elevado endeudamiento familiar; y finalmente, en la excesiva dependencia energética del petróleo en comparación con otras economías del entorno.

En lo que respecta a las necesidades de financiación, España lo tiene muy difícil para conseguir liquidez del exterior, y todo ello, debido a que el dinero al que se recurría endémicamente para financiar nuestra economía, ha descendido bruscamente al disminuir la liquidez mundial. Hoy los bancos nacionales y extranjeros ya no se prestan dinero entre sí, pues este es escaso. Sus crecientes necesidades de liquidez no pueden ser cubiertas y sólo les queda frenar el otorgamiento de créditos a sus clientes, lo que podría terminar finalmente en el ahogamiento financiero de las empresas, por la falta del dinero necesario para su normal desarrollo. Los Bancos Centrales de Europa, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Canadá, y Suiza, se han visto obligados a inyectar grandes cantidades de dinero a sus economías a través de sus sectores financieros, con el fin de evitar el colapso, pero estas necesidades de liquidez no parecen tener límites a nivel mundial. Con este panorama económico, España además tiene que competir con otros países por la liquidez internacional, y no le resulta nada fácil. El grado de credibilidad de la economía española en el exterior está bajo mínimos, debido al agotamiento de su modelo de crecimiento y sus problemas estructurales relativos a la baja productividad y competitividad. Así las cosas, para conseguir crédito procedente del exterior, el Estado español tiene obligatoriamente que pagar más intereses que sus países vecinos por sus bonos. En este escenario, la prima de «riesgo-país» del bono español, hoy se sitúa en su nivel más alto desde que ingresó en el euro; es decir, que para conseguir el mismo crédito que nuestros vecinos, tenemos que comprometernos a devolver más en forma de intereses.

Pero, ¿cuál es el motivo por el que España se ha convertido aparentemente en un país menos solvente?. La explicación es muy sencilla, la economía española ha colocado todos los huevos en la misma cesta: el sector inmobiliario. Dedicándose a la economía especulativa, en vez de primar la economía productiva. Y por esta razón, su economía está más expuesta que otras economías a la crisis del crédito. A la economía española le ha sucedido algo muy similar a lo ocurrido a la economía estadounidense, cuando finalmente la burbuja inmobiliaria que fue creciendo durante los años de expansión económica estalló; con el agravante de que en España la restricción del crédito internacional ha terminado por hundir definitivamente al sector, y por extensión, a toda la economía española, que utilizó el exceso de liquidez mundial para financiar su modelo de crecimiento. El origen del problema está en la política económica del Gobierno actual, que apostó por el crecimiento especulativo del sector inmobiliario y de la construcción. No obstante, tanto los gobiernos del PP como del PSOE debieron haber legislado para poner límites y restricciones al crédito fácil, con el fin de impedir la especulación, y no lo hicieron. No se trataba de poner barreras al mercado inmobiliario y financiero, pero sí de regularlo para evitar la crisis que actualmente estamos viviendo. Además, no se ha sido lo suficientemente prudente como para cambiar de modelo de crecimiento en su momento. Que el presidente Rodríguez Zapatero, y sus ministros, digan ahora que ningún experto sabía lo que podía ocurrir, es una de las mayores falacias del Gobierno actual. Ninguna de las sugerencias de los muchos de los economistas, a los que ahora llaman «antipatriotas», que advertían de los riesgos para la economía fueron tenidas en cuenta.

Apoyar los pilares del crecimiento en la construcción y no en las necesidades reales de la economía, no ha sido el único error. Habría que comprender, de una vez y para siempre, las graves consecuencias que para la economía puede tener la aplicación de políticas fiscales expansivas de incrementos del gasto de consumo público, así como el que la economía se apoye excesivamente en el sector público. Lo que hay que hacer es animar a las empresas a competir incentivando su productividad, a través del desarrollo tecnológico, la innovación y, fundamentalmente, la educación y la formación de nuestros recursos humanos, pero, al mismo tiempo, hay que regular los excesos del mercado, entre otros el financiero. Además, hay que animar el ahorro interno y no penalizarlo, para dar cobertura real a las necesidades de liquidez en vez de recurrir al endeudamiento externo. Para el liberalismo moderno y reformista, los mercados sólo son libres en la medida que contribuyan al crecimiento productivo y no al especulativo, y en la medida que repartan mejor sus beneficios sobre toda la economía, y no sólo sobre unas pocas empresas o sectores privilegiados.

Gunther Zevallos

La ministra I+D+i. Cristina Garmendia.

martes 9 de septiembre de 2008

Resumen: La Investigación y la innovación aportan competitividad a la economía, pero francamente no veo qué aportación económica pueda ofrecernos en Aragón un Centro de investigación dedicado al cambio climático.
La investigación es una inversión humana y de capital que asume muchos riesgos, no se puede basar toda la política del Ministerio de Ciencia e Innovación, únicamente en la «esperanza» de que los Centros de investigación del Ministerio y la Universidad solucionen la falta de productividad de la economía.


Ni que duda cabe que una de las claves para el desarrollo del país es apostar por la Investigación el Desarrollo y la innovación, lo que solemos conocer como el I+D+i. Esto forma parte de las políticas de oferta que los economistas liberales creemos necesarias para «elevar el ritmo de crecimiento económico y aumentar la competitividad de la economía española». De hecho, yo creo que ningún economista liberal se atrevería a llevar la contraria a la ministra Garmendia sobre la necesidad de incrementar la inversión en I+D+i, mucho mejor esta inversión que aquella dedicada al ladrillo, como quería hacer nuestro presidente Rodríguez Zapatero. Y es que, España necesitaba desde hace mucho tiempo forzar una corrección en el modelo económico de crecimiento, no se podía seguir apostando por la economía especulativa en la construcción para garantizar el crecimiento y el empleo. Era necesario asegurar cambios tecnológicos que permitieran incorporar a nuestras empresas en la economía globalizada, con su cada vez mayor grado de competencia mundial. Sin Investigación e innovación, no se puede mejorar la productividad, y por ende, la competitividad de la economía, pues sólo quedaría como única solución alternativa para ser competitivos, reducir los costes, y ello incluye los costes laborales; lo que significa necesariamente una pérdida de poder adquisitivo para el trabajador, y mayor precariedad en el empleo. Sin I+D+i, esta tarea de ser competitivos a nivel mundial es una misión imposible para cualquier país, pues esto es lo único que garantiza un futuro con prosperidad y el poder seguir en la estela de los países más desarrollados.

Ahora bien, desde mi punto de vista existe un exceso de entusiasmo por parte de la ministra de Ciencia e Innovación. A pesar de que la ministra parece ser muy voluntariosa, colocar a España como referente mundial de la investigación, es una tarea bastante más compleja que el simplemente empezar a crear Centros o Institutos de investigación en distintos puntos de la geografía española. La basta experiencia de la ministra en el sector de la investigación biomédica, y en el mundo empresarial, no es suficiente, porque la situación trasciende más allá de las decisiones políticas del dónde, cómo, y quién va a llevar a término la gestión del conocimiento, de todos aquellos sectores por los que la ministra ha decidido apostar: biotecnología, nanotecnología, tecnologías de la comunicación, energías renovables y cambio climático. Los responsables del Ministerio de Ciencia y Tecnología, harían bien en razonar que aquellos criterios como: la eficiencia, los beneficios, o la minimización de los costes; no suelen acompañar a las empresas públicas. Igualmente, harían bien en considerar que para la economía también es importante evitar cualquier exceso en el déficit público, a pesar de lo que dice nuestra ministra de que «el déficit público no nos tiene que dar miedo». No se trata de miedos ministra, pero sí de hablar de la responsabilidad del Gobierno, y de preocupación de las familias. La historia económica está plagada de desastres económicos a causa del crecimiento del gasto público y los déficit fiscales, y esto debido a que el déficit público genera mayor endeudamiento, y una creciente necesidad de financiar los déficit a través de impuestos, que más temprano que tarde, repercuten sobre las familias. Piensen sino en la crisis española del 93, analícenla, comprueben las cifras del déficit, del endeudamiento público, y me darán la razón cuando vean las consecuencias sobre el empleo y la recesión económica. Y es que, una economía no está para experimentos, mucho menos cuando el país está próximo a la recesión. El Gobierno haría bien en no apoyarse excesivamente en el sector público para solucionar la crisis, ni hacer que el Estado vaya asumiendo cada vez mayores roles económicos que no le competen, y sí a la empresa privada.

Asimismo, aún suponiendo que estos centros públicos de la investigación pueden ser interesantes (no lo dudo), para algún tipo de investigación base, o para aquella dedicada a desarrollar bienes o servicios de utilidad pública, estos suelen carecer de objetivos puramente económicos, y por regla general suelen ser poco o nada rentables, y aportar eso sí, muy poco, al desarrollo de la economía. Resumiendo, que dentro de los objetivos de las empresas de promoción pública, no suele estar bien considerado el principio económico de la «maximización de sus beneficios». Con ello no quiero decir, que no me parezca importante que exista investigación biomédica de enfermedades y otros patologías raras, probablemente sea el coste social más aceptado por todos que haya que asumir, pero, también hay que decir, que la investigación es una inversión humana y de capital donde se asumen muchos riesgos, y francamente no veo qué aportación económica pueda ofrecernos un Centro de investigación, como el dedicado al "cambio climático", al menos yo no lo veo si lo que se pretende es competir con éxito a nivel mundial, que es lo que nos quiere vender la voluntariosa ministra Cristina Garmendia.

La rentabilidad de toda investigación científica también es importante. Lamentablemente, por todos es sabido que la gestión pública de un Centro de investigación no suele, por regla general, ofrecer beneficios económicos brillantes, como tampoco los ofrece la Universidad (aquella por la que quiere apostar la ministra para mejorar la investigación), aunque ambos puedan ofrecer beneficios sociales. Trasladar el conocimiento de la investigación académica al ámbito empresarial, quizás sea posible obviando criterios empresariales, y subsidiando la investigación universitaria, pero creo sinceramente, que este no es el camino a seguir debido a que el coste puede ser lo suficientemente elevado en comparación con el éxito que se pueda cosechar. No se puede basar toda la política del Ministerio de Ciencia e Innovación únicamente en la «esperanza» de que los Centros de investigación del Ministerio funcionen, ni en que el personal docente e investigador universitario de la Universidad pública, sigan la línea trazada por dicho Ministerio, dejando a un lado otras investigaciones académicas, o la propia docencia. Además, el modelo de investigación propuesto no siempre se puede extrapolar a todos los campos de la ciencia. La experiencia positiva que la ministra puede haber experimentado con la investigación biomédica, no siempre es posible, al menos no en el campo de las Ciencias Sociales, o en el de las Humanidades. Además, debe existir un interés explícito por parte de la empresa para que pueda llegar a ser útil, y aprovechar las sinergias que se generen. En el camino se corre el riesgo de no generar valor añadido, ni riqueza; y si, despilfarro y clientelismo político. Por esta razón, y no por otra, si lo que realmente se busca es tener garantías de éxito, ninguna política económica de oferta, como la que plantea el Ministerio de Ciencia e Innovación debería apoyarse en exceso en el sector público. La verdadera innovación tiene forzosamente que provenir del propio mercado, y a través de las propias empresas que están inspiradas en éste.

A la Universidad pública no se le puede pedir responsabilidades, ni mucho menos a sus docentes amparándose en el otorgamiento de plena autonomía, pues la universidad no responde como una empresa privada, por más buena voluntad de trabajo de sus investigadores docentes. La universidad no está para resolver el problema de una crisis que no ha creado, si está para aportar los mejores conocimientos a sus alumnos, y para desarrollar la investigación «académica». Además, la universidad, como en cualquier entidad pública se rige bajo un modelo de organización jerarquizado, donde priman otros intereses. Aquí ya sabemos quiénes se llevarían el gato al agua, a quiénes se les exigirá hacer el trabajo, y quiénes se beneficiarían del mismo.

Desde el punto de vista económico la solución es muy simple, en vez de pensar en hacer tantas reformas para «modernizar la universidad», hay que pensar en la participación real de los investigadores docentes de la universidad en las empresas, animándoles económicamente, o mediante excedencias voluntarias, o cualquier otra fórmula que permita incorporar a los investigadores docentes a los proyectos de la empresa; y a las empresas, ofreciéndoles exenciones fiscales para que contraten sus proyectos con grupos de investigación de la universidad y/o, para contratar parte del personal universitario para trabajar en sus proyectos de I+D+i. Muchos profesores de la universidad han llegado por vocación docente, otros tienen más interés por algún tipo de investigación, y algunos no les importaría en absoluto trabajar conjuntamente con la empresa privada, siempre que hubiera compensaciones, o bien en los Centros de Investigación públicos que piensa crear el Ministerio de Ciencia y tecnología. Por ello, Sra. Ministra, contrátenlos, incentívelos, y luego pídales responsabilidades a ellos, no a la universidad. Aunque, no espere su ministerio conseguir investigadores de elite y resultados, por poco más de 1.800 euros al mes, que es el sueldo medio de los profesores.

Aragón:
Marcelino Iglesias ha sido utilizado como el «comodín» del particular juego de naipes de la ministra Cristina Garmendia, la cual ha apostado por cambiar el motor del desarrollo económico hacia los sectores estratégicos de la investigación y donde el patito feo de su apuesta, no es ni más ni menos, que el proyecto del «cambio climático». Sabe bien la ministra a quién se lo endosa. Aragón podía haber recibido algún otro proyecto de mayor envergadura, como el de energías renovables, el de tecnologías de la comunicación, o el de la biotecnología, que aportan gran valor añadido a la economía, y donde Aragón dispone además, de grandes ventajas y también de buenos equipos de investigación, pero no, no va a ser así. Aragón se quedará con el proyecto menos ambicioso y el menos rentable, y encima con el coste añadido de tener que ceder uno de los pabellones EXPO más emblemáticos, el de España. Estimado presidente de Aragón, se la han colado. Pero, era de esperar, y ahora sólo queda incorporar el miedo al «cambio climático» a la ideología del «buenismo socialista».

Gunther Zevallos