viernes 7 de marzo de 2008
Hace ahora más de un año realicé un estudio económico sobre la situación del sector de la construcción. Este análisis me anticipaba la actual crisis inmobiliaria. Por aquel entonces, nadie quería oír hablar de crisis, ni mucho menos de los efectos que se podrían trasladar al resto de la economía, pero desde mi punto de vista los datos no dejaban lugar a dudas, y casi podía asegurar con relativa seguridad que era previsible que a finales de 2007 el sector de la construcción pararía, y la situación arrastraría rápidamente al resto de la economía, con el consiguiente efecto perverso que podría costarle las elecciones al partido Socialista Obrero Español (PSOE). Supongo que, y no creo estar mal encaminado, en otros estudios económicos similares al respecto, los responsables políticos del Partido Popular (PP) creyeron ver la situación más propicia para plantear una campaña centrada básica y fundamentalmente en la economía, la estrategia no iba mal encaminada, más aún después de la decisión de Rodríguez Zapatero de no adelantar las Elecciones Generales, lo que aparentemente daría aún más tiempo para que el ciudadano percibiera la profundidad de la crisis.
Ni que duda cabe que ninguno de los asesores económicos, y he de confesar que ni yo mismo, pensabamos que la reacción del ciudadano iba a ser tan lenta respecto a la percepción de los síntomas de la crisis. La incredulidad de que las cosas puedan ir mal ha hecho incluso que la demanda de consumo haya disminuido menos de lo previsto, o que tardara en hacerlo debido a unas expectativas de consumo menos adversas y al subjetivo efecto riqueza de las familias; mientras que por el otro lado, el de la oferta, se redujo con mayor rotundidad debido a la paralización del sector inmobiliario, y que hoy afecta irremediablemente a todas las actividades de la economía. Y es que en economía nada es definitivo y siempre hay sorpresas de última hora, es decir, siempre hay variables que pueden jugar unas a favor y otras en contra. Una variable a considerar a favor de la "apuesta por la crisis" a corto plazo fue la crisis de liquidez del sistema y la elevación de los tipos de interés, pero la rápida y contundente actuación de la Reserva Federal estadounidense probablemente aguó la fiesta electoral al PP, que había apostado de lleno por la "economía como arma electoral". Con esto no quiero decir que la crisis no vaya a presentarse, de hecho está a la vuelta de la esquina, mucho más cerca de lo que se piensa, probablemente alcance de lleno a las familias antes de que acabe el año si no hay nuevos acontecimientos, o no se hace nada, y esperemos que si hay algún cambio o algún acontecimiento sean para salir cuanto antes del ciclo recesivo que se nos avecina. No obstante, hoy por hoy, a dos dias escasos de las elecciones generales, lo más profundo de la crisis está aún demasiado lejos como para ser utilizado con éxito en esta campaña electoral. Tal vez si los tipos de interés hubieran seguido su senda alcista, si no hubiera actuado la Reserva Federal con tanta contundencia, si los tipos de interés hubieran llegado a subir al 6%, si hubiera...
Menos mal que hay variables que han cambiado en sentido contrario a lo que estaban previsto. Al menos de momento la crisis es más llevadera, y ojalá sigan habiendo variables positivas para pasar la crisis lo más leve y rápidamente posible, aunque lo dudo. Si las variables que atizaban el fuego de la economía, como es el precio del petróleo, no hubiera dado algún que otro respiro, o si el euro no se hubiera apreciado y el tipo de interés no se hubiera mantenido, la respuesta del electorado probablemente sería muy distinta. El problema para el PP en su apuesta por la economía es que se ha dejado el destino electoral en manos de la incertidumbre, que si bien es cierto que el desempleo ha empeorado y la inflación ha subido a corto plazo dudo que estos argumentos den los suficientes réditos políticos. El problema desde mi punto de vista, es que durante mucho tiempo atrás el PP ha renunciado a debatir en profundidad las ideas, sobre todo en lo que se refiere a la necesidad de reformas económicas, tal vez porque a corto plazo no aporten muchos votos, aunque estaría por ver sí lo harían a largo plazo. Pienso que no se puede conseguir la credibilidad del electorado utilizando únicamente el miedo a la crisis, o a los problemas económicos, si estos no se apoyan en explicaciones que justifiquen cuáles serían las actuaciones en materia de política económica a seguir. Los ciudadanos querámoslo verlo o no aparentemente no quieren más problemas añadidos a su ya de por si complicada vida, por eso resulta difícil explicarles por qué hay que realizar ajustes económicos. En el mejor de los casos quieren creer que las cosas mejorarán, pero nada de esto impide que seamos claros a la hora de plantear soluciones a los problemas por los que hoy atraviesa la economía. Aunque muchos ciudadanos prefieran el discurso fácil, aquel que aporta felicidad, lo cierto es que los problemas básicos de la economía y la crisis que aún está por llegar persisten, ya no como la simple marejadilla como la que estamos viviendo actualmente sino como un gran maremoto económico de consecuencias impredecibles. Hay razones de fondo: la baja competitividad, el elevado déficit de balanza financiera y de pagos, los altos precios del petróleo, los problemas de liquidez, la ineficiencia en el uso de los recursos, el desigual crecimiento de la renta a favor del capital, etc. En este último punto, por ejemplo, está en sintonía con la percepción que tiene el ciudadano de que aunque las cifras macroeconómicas hayan mejorado, dicho crecimiento no repercute de la misma manera en las rentas del trabajo que en las del capital, cuestión que se debe fundamentalmente a la pérdida de poder adquisitivo de las familias por el alza en el coste de la vida. Quizás aquí es donde haya que incidir. Es preciso acabar con la pérdida de poder de adquisitivo de las familias, y esto se puede hacer con voluntad política, pero también con reformas.
A estas alturas ya no es posible que se quiera seguir sosteniendo el crecimiento económico con la especulación inmobiliaria, haciendo que la vivienda sea un bien inasequible, o que sea necesario recurrir necesariamente a fórmulas de intervención pública para actuar en el sector y ofrecer viviendas a las familias. No me cabe la menor duda que hay otras alternativas y es posible construir viviendas libres a precio similar a las actuales de protección. Esto es una cuestión puramente de regulación de las ineficiencias del mercado y de nuestras leyes. Ya no se puede apostar por las viviendas protegidas, porque éstas no han conseguido regular los precios, hay que abogar por una verdadera liberalización del sector que abarate los precios, lo que significaría liberar renta para el consumo, y de paso elevar el poder adquisitivo de las familias.
Una economía no puede apoyar todo su crecimiento en la especulación inmobiliaria, hay que buscar otras vías que permitan mejorar la competitividad de la economía y para alcanzar mayor producción. Deberíamos cambiar el modelo de crecimiento especulativo al crecimiento productivo y esto sólo se consigue promocionando la investigación, el desarrollo y la innovación; este es nuestro verdadero camino, pero sin necesidad de recurrir exclusivamente a los recursos públicos, sino mayoritariamente a través del compromiso privado, que se consigue mediante incentivos fiscales a las empresas.
Desde mi punto de vista existen también mensajes equivocados en la política aragónesa en estas elecciones generales de 2008. Algunos grupos políticos se empeñan nuevamente con el trasvase. Muchos partidos se dejan la piel, como si fuera algo crucial cuando la realidad es que el caudal del Ebro ha pasado a estar controlado por Cataluña, gracias a la nefasta negociación de nuestros políticos aragoneses. Además, si pensamos que el Ebro no nace en Zaragoza ni es la única Autonomía por donde transita, deberíamos concluir que igual derecho tendrían otras comunidades como La Rioja, por ejemplo, en disponer también de más agua y en exigir que no hagamos las «obras del pacto del agua» si previamente no se ejecutan allí las suyas; por tanto, a partir de ahora habría que actuar con cautela a la hora de reivindicar la propiedad este recurso para que al menos consigamos la ejecución de las obras del pacto del agua. Naturalmente, esto no significa que esté a favor del trasvase, muy al contrario, pienso que primero deben ser las Autonomías por donde pasa el Ebro las que deben aprovechar dicho recurso en su favor, y en todo caso este debería haber sido un tema prioritario para los que actualmente nos gobiernan en Aragón, como también debería serlo el paso por los Pirineos con Francia a través de la travesía central y del que hasta hoy no se ha hecho nada para conseguirlo, ni por parte del PSOE ni de sus socios de Gobierno. Las repercusiones económicas positivas a favor de Aragón serían enormes si consiguiéramos dicho paso, además que geoestratégicamente sería muy importante no sólo para Aragón, sino también para el resto de España. Estaríamos hablando a groso modo de casi 600 millones de Euros por el efecto añadido que se repartirían entre ahorro de costes y nuevas actividades entre nuestras empresas por el efecto multiplicativo de la economía y del desarrollo logístico y que irían a parar a nuestra Comunidad Autónoma.
Cualquier economista le podrá decir que a «mayor cantidad de recursos, mayor capacidad de producción», y el agua puede que sea uno de nuestros más valiosos recursos, pero no el único. Nuestra posición geográfica también es ventajosa, aunque hay que saber aprovecharla y hay que tener voluntad para exigir acuerdos con nuestros vecinos franceses.
De otro lado, deberíamos preocuparnos por el verdadero trasvase que resulta el éxodo de nuestros recursos humanos que se marchan a otras Comunidades Autónomas vecinas, o al extranjero, sencillamente porque en Aragón se perciben en comparación con otras Comunidades unas rentas salariales inferiores, como también por las menores expectativas de desarrollo humano y social. Igualmente debiera preocuparnos la deslocalización de las empresas aragonesas, o el distinto trato fiscal y la competencia desleal de otras empresas de Comunidades vecinas (Catalanes y Vascos fundamentalmente), donde además no pueden entrar a competir nuestras empresas aragonesas, pues tienen monopolizado el mercado con la anuencia de sus responsables políticos, mientras que aquí, en Aragón, se les da todas las facilidades del caso para incluso lleguen a discriminar precios con la intención de acabar con la competencia de las empresas aragonesas e introducirse en el mercado. No se trataría de hacer lo mismo, sino más bien de exigir al Gobierno de España la verdadera igualdad territorial del Estado. La discriminación del Estado respecto a Aragón, lo estamos viendo no sólo en este tema, también en los salarios de nuestros empleados públicos, en la sanidad, en nuestras infraestructuras, incluso en el AVE que pasa por Zaragoza. Este es el verdadero agravio comparativo, el verdadero trato discriminatorio que reciben Aragón y sus gentes que desde el pCUA queremos acabar de una vez y para siempre. Por estas y otras razones pedimos el voto a los ciudadanos, porque estamos cansados de tantos y tantos agravios, que paralizan Aragón. Por eso el voto al pCUA es un voto útil, porque viene a defender nuestros propios intereses, los intereses de los aragoneses.
