Empieza el nuevo año 2008 con muchos sobresaltos económicos, los más importantes son que aumenta la inflación y el paro. El efecto «Zapatero en el país de las maravillas» que le llevó en su día a afirmar que estábamos en la Champion League económica de los países más desarrollados del mundo, nos suena cada vez más vacío de argumentos. El paro se cierne sobre la economía como la espada de Damocles, la construcción ha parado en seco y arrastra el propio crecimiento de la economía, el déficit exterior es cada vez más abultado. Mientras el resto de políticos se frotan las manos, y con el viento a su favor lanzan las redes sobre la mar embravecida, a ver si pescan votos.
El asunto no es baladí y puede costarle las elecciones al partido socialista. No obstante, los políticos deben saber que los ciudadanos españoles pueden cuestionarse sus políticas cuando aquellas estén poco fundamentadas. Asuntos como: cuál va a ser la prioridad en política exterior, cómo se han de destinar los esfuerzos económicos del Estado para alcanzar la equidad, qué se piensan hacer para mejorar la educación en España, qué políticas económicas se seguirán para reducir el crecimiento de los precios y mejorar la competitividad de la economía, cuál será la política de empleo, etc., deberían tratarse con más profundidad. No obstante, fuera de toda racionalidad simplista a la que algunos partidos políticos pretenden conducir al electorado, y más allá de entender la política únicamente como una cuestión de orden nacional, no hay que olvidar los propios intereses de los aragoneses, intereses que han sido evitados por la mayoría de partidos políticos afincados en nuestra comunidad. En el caso de los partidos de ámbito nacional, quizás por estar supeditados a su política centralista; o en el caso del resto de partidos aragoneses, tal vez por su política de «dejar hacer, dejar pasar».
Me resulta difícil pensar que nuestros representantes políticos aragoneses puedan defender los intereses de Aragón y ofrecer propuestas interesantes, o bien quizás estas sean sólo «humo» para contentar al electorado. Esto es lo que pienso después de comprobar la situación de tanta empresa pública aragonesa deficitaria, de ser una de las comunidades autónomas más inflacionistas de España, de los altos precios de las viviendas, del expolio de las obras de arte, de permitir que el caudal del Ebro sea controlado por los catalanes, de no hacer nada para conseguir el paso fronterizo mediante la travesía central que una España a través de los Pirineos con Francia. Sinceramente, lo único que veo son propuestas en algunos casos populistas que anuncian mayor gasto público para «comprar votos», y que acabarán como siempre en una mayor presión fiscal.
Creo también que ya es hora de actuar en defensa de lo nuestro, de nuestros recursos, velar por los intereses de los ciudadanos aragoneses y presentar propuestas que representen verdaderas soluciones a los problemas que afectan a los aragoneses, porque conseguir lo justo para Aragón es también conseguir lo justo para España. Ni Aragón, ni ninguna otra comunidad debe estar sometida a los intereses muchas veces contradictorios que tienen los grandes partidos de ámbito nacional con las distintas comunidades autónomas. Aragón ni mucho menos debe ser ninguneada por otras comunidades, por eso, hay que devolver la voz al ciudadano aragonés, recoger su última palabra y representar sus intereses en el Parlamento español.
Mi compromiso, como Secretario del partido Ciudadanos Unidos de Aragón es velar por los derechos y libertades individuales de los ciudadanos en todos los ámbitos de su vida y desde la más absoluta independencia. Como liberal no puedo compartir ninguna política que pretenda conseguir algún tipo de privilegio para personas o empresas, o a aquellas que pretendan convertir a los ciudadanos en siervos del Estado, y en mi partido no estamos dispuestos a ceder a los ideales utópicos de ningún iluminado o grupos de presión que pretendan restringir nuestras libertades.
Vamos a defender con igual firmeza los intereses de nuestros trabajadores y de nuestras empresas en el resto de España. Exigiremos la transparencia de las cuentas públicas, de modo que cada anuncio de nuevos gastos se justifiquen y se expliquen al ciudadano, para que este sepa cuáles serán las repercusiones sobre nuestros impuestos, o sobre el endeudamiento público. Porque creemos que el esfuerzo emprendedor no debe estar cautivo, ni atornillado por la política fiscal asfixiante del Estado, ni de los gobiernos Autonómicos, queremos unas cuentas claras y transparentes, porque pensamos que el Estado y sus Autonomías deben gestionar adecuadamente los ingresos públicos y no generar déficits innecesarios que supongan tarde o temprano una mayores impuestos para las familias, porque somos conscientes que todo exceso de gasto público siempre tiene consecuencias negativas para la economía, tal como ocurre en el seno de nuestra propia unidad familiar cuando gastamos más de lo que ingresamos.
Igualmente los partidos políticos tienen el deber moral de aclarar a los ciudadanos cuál es su idea de España, de si están o no dispuestos a pactar con partidos que no creen en la unidad de la nación española y buscan la secesión, o si por el contrario están dispuestos a marcar los límites de las Autonomías para evitar a los nacionalismos excluyentes. Desde el partido Ciudadanos Unidos de Aragón, tenemos muy claro que Aragón es España y que ninguna Comunidad Autónoma debe de tener ventajas sobre alguna otra, que la defensa del Estado español se inicia en la defensa de la igualdad entre las distintas Autonomías, donde prevalezca: una misma fiscalidad, las mismas prestaciones sanitarias, los mismos derechos y las mismas obligaciones, las mismas posibilidades de desarrollarse como personas y como empresas, los mismos salarios de los empleados públicos, el mismo esfuerzo inversor por parte del Estado, la misma oportunidad de usar la lengua común, la misma educación, etc. Creo que España necesita recobrar su espíritu nacional y esto sólo es posible si los partidos políticos creen en la igualdad de las Autonomías que es lo que reclamamos los ciudadanos.
Nuestra actual clase política en el gobierno nacional y autonómico ha hecho muy poco por mejorar las expectativas de futuro de nuestros jóvenes, y un ejemplo muy claro lo tenemos en la vivienda. Está visto que este sistema de controles de precios del suelo, deja al ciudadano a merced de los caprichos del gobernante de turno, siendo este tipo de actividad pública lo más próximo a una intervención coercitiva de la autoridad política sobre sus ciudadanos, que impide que sea el propio mercado quien reconduzca realmente nuestros esfuerzos individuales, de modo que sean ellos, las autoridades políticas, quienes tengan el poder sobre nosotros para someter y poder decidir discrecionalmente cada vez sobre más cosas de nuestra vida privada. ¿Es que queremos ser siempre la servidumbre agradecida del gobierno de turno?, ¿es que acaso queremos que nuestro derecho a una vivienda digna dependa de una simple lotería?, ¿o es que debiéramos estar eternamente agradecidos a las viviendas de protección oficial, cuando realmente es posible construir viviendas a un precio similar y a las que todos tendríamos acceso?
Debemos empezar a pensar en otras formas de financiación de nuestras corporaciones locales que eviten la especulación sobre el suelo público. A nadie se le escapa que los ayuntamientos con su afán de conseguir dinero, están recalificando terrenos para otros usos ciudadanos y que son vendidos para edificar en ellos, lo que aumenta la concentración de viviendas y también de comercios, comprimiendo a tal punto nuestras ciudades que las vuelven intransitables para los vehículos casi a todas horas del día. Las necesidades de financiación de los ayuntamientos igualmente les ha llevado a elevar constantemente los impuestos como el caso del IBI. Pero, también hay otras formas de recaudación encubiertas, leyes autonómicas que habría que abolir, por ejemplo, aquellas que amplían el período para la descalificación automática de las viviendas de protección oficial. El pCUA no quiere hacer distinciones entre viviendas, porque no somos partidarios de la regulación y porque es posible conseguir viviendas a precios similares a los actuales de protección, simplemente ofreciendo suelo a precios razonables.
Pensemos que muchos de nuestros problemas actuales probablemente ya estarían resueltos si durante estos años de gobierno socialista nacional y autonómico nuestra preocupación no se hubiera dirigido únicamente por cuestiones secundarias y superfluas, y si nos hubiéramos ocupado más por la letra pequeña de aquellos a quienes confiamos parte de nuestro bienestar y el cuidado de nuestros recursos, y por ende de nuestro futuro. Lamentablemente las decisiones de nuestras autoridades políticas suelen estar condicionadas de manera directa con la posibilidad de obtener réditos electorales, y muchas veces estas se consiguen ofreciendo mayor gasto público, lo que quizás no sepa el ciudadano es que el dinero provendrá de sus propios bolsillos a través de mayores impuestos.
La apuesta por mejorar nuestro bienestar futuro, está ligada a la necesidad de utilizar eficazmente los recursos de nuestra sociedad, intentar mejorar los salarios de los trabajadores, apoyar las iniciativas de los empresarios y cuidar de nuestros recursos naturales. ¿De qué nos sirve formar médicos, ingenieros y otros profesionales en nuestra universidad, si luego estos mismos recursos humanos se marchan a otras comunidades y países porque en Aragón los salarios son bajos o no encuentran trabajo?, ¿de qué nos sirve tener los trenes AVE si luego los trabajadores Aragoneses que viven en Zaragoza, pero trabajan en otras ciudades próximas no pueden utilizarlo por los precios monopólicos prohibitivos?, ¿por qué no nos ocupamos por controlar este monopolio y proponer precios justos y descuentos por el uso diario de estos medios de trasporte?, mejor aún, ¿por qué no facilitamos el retorno de esos trabajadores y evitamos perder población?
La pequeña empresa creadora de empleo es otro aspecto que no queremos olvidar. Los autónomos y las pequeñas empresas son las que mayor empleo generan y sin embargo son las más castigadas fiscalmente. No queremos acabar con la gallina de los huevos de oro, queremos que el pequeño empresario no se sienta ahogado con tantos impuestos y presionado con tanta burocracia coercitiva que aniquila su espíritu emprendedor. El uso oportunista que hacen algunos políticos de que la falta de productividad de nuestra economía dicen tiene fácil arreglo a corto plazo «pagando menores salarios», esto es culpabilizar al trabajador de la falta de productividad en la empresa. Pienso que todo incremento de los salarios que sea inferior a la inflación es engañar al trabajador, hacerle perder poder adquisitivo, cuando los verdaderos culpables de la falta de productividad de la economía española son los actuales responsables políticos, quienes no han puesto los medios necesarios para garantizar la competencia y quienes no hay propiciado verdaderos sistemas de I+D+i para ayudar a las empresas, a quienes además les están multiplicando los trámites, los controles y las inspecciones, impidiendo el desarrollo de nuevas empresas, favoreciendo al gran capital que cada año anuncia mayores beneficios. Si queremos más competencia, para que esta sea efectiva necesitamos apoyar la creación de nuevas empresas, y no obstaculizar al pequeño empresario o favorecer las actitudes abusivas de las grandes empresas monopolísticas y oligopolistas. Es necesario dinamizar el espíritu emprendedor, disminuir los impuestos para la pequeña empresa, eliminar la excesiva burocracia, las restricciones comerciales y de cualquier índole, etc. Es decir, en definitiva queremos menos economía especulativa y más economía productiva.
